BBC.Esta semana el Presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, debe tomar una de las principales y más esperadas resoluciones respecto a la propiedad de la tierra en la selva amazónica.
Antes del 25 de junio tendrá que determinar si veta parte del proyecto de ley que prevé la transferencia de un área de tierras públicas -alrededor de 670.000 kilómetros cuadrados- a manos privadas.
Originalmente, el gobierno brasileño introdujo la llamada "medida provisional 458" como una forma de dar seguridad a los pequeños propietarios en la región amazónica.
Pero los críticos de la propuesta aseguran que ésta equivale a una amnistía en favor de los "grileiros" (personas que se apropian ilegalmente de la tierra) y que la medida original ha sido modificada por el Congreso de manera que sólo servirá para alentar la deforestación.
La "medida provisional"
Este proyecto de ley será una señal importante para las personas que gozan de impunidad de que vale la pena cometer un crimen en la Amazonía
Durante mucho tiempo, la incertidumbre sobre la propiedad de la tierra ha sido una de las principales causas de violentos conflictos en la región del Amazonas y representa un enorme obstáculo para las autoridades en sus esfuerzos por evitar la deforestación ilegal.
Con la idea de hacer frente a este problema, el gobierno presentó la propuesta para transferir una amplia zona de tierras -aproximadamente del tamaño de Francia- a manos privadas.
La llamada "medida provisional" está pensada para resolver el asunto de los títulos de propiedad de cientos de miles de tierras ocupadas antes del 2004 y a las que nunca se les ha dado oficialmente un título legal.
Para las zonas más pequeñas -de menos de 100 hectáreas- los títulos serían otorgados de forma gratuita, para las medianas serían vendidos por un valor simbólico, mientras que las grandes fincas -de hasta 1.500 hectáreas- se subastarían a precios de mercado, pero con la posibilidad de un reembolso en 20 años.
Sin embargo, los cambios a la ley implican que las zonas más grandes puedan ser vendidas después de un periodo de tres años -en lugar de 10- y el temor de los opositores es que ésto conduzca a una mayor explotación de la selva.
Los grupos ecologistas también se han quejado de que la ley puede permitir el registro de tierras por parte de empresas o por testaferros que actúan en nombre de los grandes terratenientes.
