La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Equipo Ambiental de la Academia de Ciencias de la República Dominicana informan al país su posición en torno a la propuesta de instalación de una cementera y el proceso de desalojo y reubicación de pobladores en el entorno de la formación de Los Haitises.

Constituye un resumen para el público general de los hallazgos y
las conclusiones del estudio Situación Ambiental y Social de Los Haitises:
Línea de Base para una Solución Estratégica a los Conflictos Derivados del
Ordenamiento Territorial que durante más de cinco meses desarrollaron
nuestros equipos técnicos y que en el día de hoy será entregado a los
actores envueltos en el mismo.

Los Haitises constituyen un sistema de captación, almacenamiento,
conservación y distribución de agua, al ser la primera barrera que ofrece
nuestra accidentada geografía a los vientos alisios cargados de humedad.

El agua que aporta Los Haitises fluye principalmente a través de
sistemas complejos de cavernas, constituyendo redes subsuperficiales que
determinan las características hidrológicas de toda la Gran Llanura del Este
y se convierten en la reserva estratégica del agua futura y presente del
país.

Los Haitises contienen una diversidad biológica única tanto por la variedad
y composición de especies como por la peculiaridad de los procesos y
biodinámicas que ocurren.

Las dinámicas biológicas de la formación de Los Haitises determina
la alta productividad de los suelos agrícolas colindantes e impactan en la
naturaleza, evolución y potencialidad agrícola de zonas distantes, pero
articuladas por las aguas, la biodiversidad y los fenómenos climáticos
asociados a esta formación.

Los recursos culturales concentrados en los Haitises, aún no
valorados en toda su dimensión, forman parte de un patrimonio nacional que
merece una atención y cuidado especial del Estado y la Sociedad dominicanos
por mandato de varias leyes y convenios internacionales.

El sistema ecológico de Los Haitises sostiene un régimen muy frágil
cuyos procesos biológicos e hidrológicos pueden ser afectados negativamente,
alterando la cantidad y calidad de las aguas que produce si se les somete a
presiones capaces de interferir en las condiciones de ocurrencia de estos
fenómenos.

A pesar de lo imponente del paisaje, la formación de Los Haitises
alcanza más de 1,800 Km2; de la alta frecuencia de lluvias, superior a los
2,500 mm3; de la vegetación impresionante; del largo periodo de tiempo en
formarse, ciertas presiones podrían iniciar cambios de magnitudes
impredecibles.

Existe la errónea creencia de que las funciones ecológicas de los
Haitises son cumplidas solo por la parte de la formación cárstica que se
encuentra protegida, o de que los daños infringidos a zonas altamente
perturbadas no pueden potencializarse y multiplicarse.

Apenas 720 Km2 están protegidos significando menos de la mitad de
la formación. Desde el fatídico Decreto 319-97, a los intentos continuos
por desproteger el área, hasta la aprobación de la Ley 202-2004 que redujo
de efectivamente de 1400 Km2 a 840 Km2, La formación de los Haitises suma al
conuquismo, la tala para carbón y el saqueo arqueológico de sus restos
indígenas la voracidad de sectores económicos con argumentos y recursos
suficientes para convencer a los decisores políticos de la necesidad de
aprovechamiento minero de la caliza de los Haitises.

La destrucción de los mogotes de los Haitises implica, además de sus
impactos sobre la producción, conducción y calidad de las aguas; la
biodiversidad contenida y los procesos ecológicos; la ruptura de la unidad
paisajística del Karst y la consecuente devaluación del valor ecoturístico
de la región.

La deuda social acumulada en el entorno de los Haitises por el CEA y por el
ordenamiento que creó el Área Protegida que produjo los violentos desalojos
recientes y anteriores aún no compensados, involucra en su solución parte de
los terrenos transferidos a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para
reubicación de los desplazados, que inexplicablemente esta ha cedido a la
cementera.

Los terrenos y fondos destinados para completar el reordenamiento del
territorio en el entorno de los Haitises fueron dirigidos a fines distintos
a los asignados sin saldar la deuda social, multiplicando la pobreza de la
población que desde hace más de cien años ha sido desplazada, por el Consejo
Estatal del Azúcar (CEA), por las familias oligarcas y por el propio
Estado Dominicano, quien se ha convertido en el violador principal de la Ley
64 00.

La Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-2000 impide que
se deterioren recursos estratégicos como el agua mientras existan
alternativas y establece normas, que han sido desconocidas en este caso,
para conceder permisos y licencias. Estas normas incluyen la participación
de los sujetos involucrados, siguiendo un estricto protocolo no cumplido ni
por los Solicitantes ni por la secretaría de Estado de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.

Resulta paradójico que en nombre de la Ley 64-2000 sean desalojados
y perseguidos campesinos que están ubicados en parte del área concesionada,
por la amenaza que estos constituyen para los procesos ecológicos, para
luego entregar los mismos a una cementera cuyos impactos serán de gran
magnitud independientemente de los esfuerzos de atenuación de los
proponentes.

El país vio la destrucción de conucos, la incautación de cosechas y los
discursos represivos como una demostración de la voluntad de conservar esos
recursos estratégicos. Hoy, parecen evidenciar que estuvieron motorizados
por urgencias y motivaciones alejadas de cualquier interés de garantizar la
permanencia y calidad de los recursos naturales y los servicios ambientales
derivados.

La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el
Equipo Ambiental de la Academia de Ciencias solicitan al Estado Dominicano
de manera formal:

1.- Impedir el establecimiento de una cementera en la formación del Carso de
Los Haitises por los impactos negativos sobre la captación, almacenamiento,
flujo y calidad de las aguas que implica la misma.

2.- Avanzar en la definición legal de las actividades consistentes con las
áreas de amortiguamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

3.- Priorizar el mandato de la Ley 64-00 para la elaboración de una Ley de
Ordenamiento Territorial, que impida conflictos entre capacidades,
vocaciones y usos reales del territorio.

4.- Dar cumplimiento al Decreto 17-2006 que contiene la solución estratégica
al problema humano generado por los desalojos y la deuda social acumulada en
el entorno de los Haitises.

5.- Hacer público todos los documentos y soportes que han conducido a que,
contrarios a toda la lógica derivada del cumplimiento de la legislación, se
haya procedido a un permiso a todas luces impertinente.

DIARIO ALTOBANDERA

COMISIÓN AMBIENTAL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO

EQUIPO AMBIENTAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA