El asilo político otorgado por Perú al líder opositor venezolano Manuel Rosales ya tuvo respuesta de Miraflores: la retirada del embajador venezolano en Lima.

Según la Cancillería venezolana, la decisión es una "protesta" por el asilo concedido a Rosales, quien es solicitado por la justicia de ese país y la Interpol por un supuesto caso de corrupción.

Lima justificó el asilo por ser "fiel a una tradición histórica, en un compromiso con el Derecho Internacional". Pero el gobierno venezolano no lo ve de la misma manera.

Según anunció el ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado, se trata de "una burla contra el Derecho Internacional, un duro golpe a la lucha contra la corrupción y un agravio contra el Pueblo de Venezuela".

El gobierno del Perú decidió otorgarle el asilo político a Manuel Rosales "a pesar del cúmulo de pruebas" en su contra, sostiene la declaración.

Por ello, Caracas advierte que ahora se inicia "una fase de evaluación integral de sus relaciones" con el país andino.

Relaciones difíciles

El editor de la BBC para América Latina, Emilio San Pedro, indicó tras conocerse la concesión del asilo que esta situación podría agudizar las ya de por sí difíciles relaciones entre Lima y Caracas.

"Cabe recordar que las relaciones entre los presidentes Chávez y Alan García han sido complicadas desde la llegada al poder del mandatario peruano, ya que se consideraba que el presidente venezolano había apoyado la candidatura de su principal opositor, Ollanta Humala", agregó San Pedro.

Tras conocerse la decisión de las autoridades, el gobierno de Venezuela dijo que espera que Perú "capture y devuelva" al país a Rosales -a quien tildó de "delincuente"- en cumplimiento de leyes internacionales y en colaboración a la lucha contra la corrupción.

El canciller venezolano, Nicolás Maduro, recordó que el dirigente opositor "está siendo procesado por delitos sumamente graves al patrimonio".

"El Estado peruano está obligado a cumplir con los acuerdos internacionales", reiteró Maduro, quien pidió a Lima "que coopere en la lucha contra el delito de corrupción", en la cual su país actúa "de manera transparente".

Rosales, que considera que su orden de captura es parte de una persecución política, se convierte en el tercer político venezolano que actualmente tiene asilo político en Perú. Los otros dos son Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, y el ex gobernador del estado de Yaracuy, Eduardo Lapi.